Los punks venezolanos han pagado caro su afrenta a la autoridad. Desde los inicios del género en el país no sólo han tenido que aguantar las burlas e intolerancia de su entorno, sino torturas y detenciones arbitrarias por parte de los organismos policiales. En un primer momento, los malos tratos eran amparados por la llamada “Ley de vagos y maleantes”, que fue derogada en 1997 por la presión de las ONG de derechos humanos. Los casos se repiten tanto antes como después de 1998.

El 23 de enero de 1992, durante una jornada de protesta nacional, fue detenido Julio “Colmillo” Rojas, quien tocaba en la banda Allanamiento Moral. Colmillo es detenido durante el allanamiento de la autonomía universitaria realizado por funcionarios de la Policía Metropolitana, describiendo durante su detención intimidación psicológica y agresiones contra otros detenidos. Estando privado de libertad, Rojas escuchó las noticias de radio que relataban el intento de golpe de Estado del 4 de febrero. Finalmente el 11 sería excarcelado. Otro punk detenido en el contexto de una protesta fue Johnny Castro, vocalista de la banda Apatía No, el 8 de mayo de 1994. Durante su privación de libertad Castro es fotografiado encapuchado y mostrado en los medios de comunicación, siendo víctima de tratos inhumanos y degradantes.

Miguel “Culebra” Vivenes era integrante del Colectivo Rajatavla del Ateneo de Caracas. Intentando vivir en carne propia las consignas cantadas por las bandas punks que hablaban de cambio y revolución, se vinculó con grupos de extrema izquierda como Desobediencia Popular, la Unión de Jóvenes Revolucionarios (UJR) y el Movimiento Juvenil Ezequiel Zamora. Es así como participa en los dos intentos de golpe de Estado del año 1992. En la madrugada del 27 de noviembre integra el comando que controla las antenas repetidoras de Venezolana de Televisión, tras lo cual es detenido. Informes de Provea registraron las torturas y, finalmente, el juicio en tribunales militares, siendo Culebra condenado a 14 años de prisión por participación en rebelión militar. Un año después su causa es sobreseída por el presidente Rafael Caldera, y puesto en libertad. En febrero de 1996, en circunstancias no aclaradas, es asesinado en las inmediaciones de la Base Aérea Libertador de Caracas.

La llegada del gobierno bolivariano al poder no modificó los patrones de violación de derechos humanos. El 13 de marzo de 2010 Rafael “Lito” Uzcátegui, -editor de fanzines y vocalista de la banda RISA- es detenido por algunas horas en Maracay cuando participaba en una manifestación contra la criminalización de la protesta y por la libertad del sindicalista Rubén González. 8 personas, incluyendo a Uzcátegui, fueron hacinadas en una celda de dos metros por uno. En otro caso, Giovanni Scovino fue brutalmente golpeado el 15 de julio de 2017 en Lechería, estado Anzoátegui, en medio de las protestas que se realizaron durante cuatro meses en toda Venezuela. El caso de Scovino pudo conocerse gracias a una grabación en video del accionar conjunto de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, que le causó politraumatismos y daños hepáticos en varias partes del cuerpo. El escándalo obligó a las autoridades a condenar el hecho, pero finalmente los funcionarios responsables nunca serían castigados.

José Manuel Delmoral fue acusado por un crimen que no cometió. El 11 de diciembre de 2008 el asesinato del pastor evangélico Jean Carlos Salazar, su esposa Ingrid Higuera y su pequeña hija de 4 años causaron conmoción en San José de Guanipa. Uno de los detenidos por el hecho confesó que un sujeto que apodaban “La muerte” estaba vinculado al hecho. Al escuchar los reportes por radio Delmoral decidió presentarse voluntariamente a las autoridades, debido a que sus amigos también lo llamaban de esa manera. La confesión describió al implicado como “persona de estatura baja, de tez blanca, con zarcillos en ambas orejas, con cabello largo usado con cola”. Delmoral mide 1.90 metros de alto, jamás ha llevado pelo largo y, como certificó un forense, nunca ha perforado sus orejas. Sin embargo, la presión de la comunidad evangélica pudo más que la justicia, logrando una sentencia de 18 años por el delito de homicidio. El caso Delmoral fue asumido por la comunidad anarcopunk del país, especialmente por la Cruz Negra Anarquista de Venezuela, quienes realizaron trabajo de denuncia nacional e internacional.